El concurso voluntario de
acreedores solicitado por la editora de las cabeceras Público (ya extinguida) y Público.es,
Mediapubli, ya tiene ganador. La empresa Display Connectors S.L. es la nueva
propietaria con un coste de 412.000 euros y atrás ha dejado la oferta de la
otra empresa que pujó en subasta pública, la cooperativa Xarxa, formada por
antiguos trabajadores de la publicación. Cuatro meses después de su inicio, el
procedimiento judicial concursal se ha cerrado. Como tantos de entre los 1.958 llevados
a cabo por empresas y personas jurídicas, en el primer trimestre del año.
El 11 de enero, el Juzgado Mercantil
nº9 de Barcelona declaraba abierto el concurso de acreedores solicitado, días
antes, por la editora Mediapubli. La empresa se declaraba en suspensión de
pagos e, intentaba, de esta forma, encontrar liquidez a través de su venta a un
grupo o compañía que pudiera hacer frente a las deudas con los acreedores que
llevaron al cierre de la cabecera en papel de Público, uno de los productos informativos de la editora. Su versión
digital o La Voz de Asturias también estaban
perjudicadas. La nueva dueña del grupo informativo es Display Connectors S.L.
cuya oferta de 412.00 euros (sin impuestos ni gastos incluidos) ha superado los
240.000 que Xarxa Integral de Professionals i Usuaris SCCL ofrecía.
Así consta en el auto judicial
que la señoría Bárbara Córdoba ha dado a conocer el día 23. La empresa ganadora
tiene por accionista mayoritario a Toni Cases, uno de los fundadores del
extinto Público, y a sus compañeros
de fatigas de accionistas minoritarios, como Taxto Benet y Jaume Roures, que aportaron
mayor capital al proyecto del nuevo diario en papel en septiembre de 2007. Suena
el nombre de Carlos Enrique Bayo como nuevo director del
medio digital y antiguo Redactor Jefe de Internacional de su hermano en papel.
La
resolución judicial dispone que la oferta de Display, al ser de mayor cuantía, “permitirá
obtener mayores ingresos para el concurso y un aumento de las probabilidades de
cobro por parte de los acreedores”. La jueza, también argumenta para su concesión,
la asunción de un número mayor de trabajadores de Mediapubli, manteniendo las
condiciones laborales (aparte de las deudas laborales-cuestiones de la TGSS-y
las originadas con posterioridad a la declaración de concurso). 21 empleados
frente a los 12 que asumía Xarxa y, en concreto, 77.000 de la partida de los
412.000 euros totales.
En un año
en el que la publicación en papel se extinguió el 24 de febrero y dejó a
resultas un ERE de parte de los 160 trabajadores de ambas cabeceras, cuya
treintena quedaría en la edición web. Y, en medio de la vorágine de destrucción
de empleo en el sector: 277 de puestos, sólo en Madrid, como informaba el
Observatorio de la APM, en los cuatro primeros meses del año.
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| Evolución de la cantidad de concursos de acreedores en España 2005-2012 (Fuente: PwC) (Click para ampliar el gráfico) |
Este 2012
ha alcanzado un récord histórico, en su primer trimestre, en lo referente a los concursos de acreedores en empresas y
personas jurídicas, con una cifra de 1.958, de los que 1.665 corresponden sólo a
las primeras, según estimaciones de la consultora y auditora PwC. El estudio refleja una tendencia creciente desde
el 2005, primer año de la muestra, con una cierta reducción en 2010.
Los datos
también hacen constar que las comunidades autónomas que más concentran estos
procesos son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, con casi la mitad de
los concursos del primer trimestre. Andalucía y Galicia, les siguen los pasos
con el 9 y el 8%, respectivamente, de todos los procesos. Procesos en los que,
vía judicial mediante, se otorga, tanto en el caso de que el deudor sea una
persona física como jurídica, un administrador concursal quién realiza un
informe con los bienes que el deudor dispone y las deudas que tiene contraídas. En el caso del concurso de Mediapubli, la sentencia especifica los activos como
son las cabeceras de prensa, los ficheros con los datos de los clientes, el
mobiliario de la sede física del diario y los derechos de propiedad industrial
e intelectual (los derechos de explotación), así como la web en sí misma, con sus
aplicaciones informáticas integradas.
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